Murcia Social Orden de 8 de abril de 2005 de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se aprueban los programas destinados a la integración laboral de personas con discapacidad

TEXTO ACTUALIZADO

Las personas discapacitadas constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida civil, social, económica y cultural del país. Por tanto, los poderes públicos deben prestar la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.

Su peculiar situación de desigualdad justifica que, en aras a lograr una igualdad real y efectiva entre los ciudadanos, se establezcan discriminaciones positivas en favor de estas personas, y así se manifiesta en los textos programáticos y normativos emanados de las instancias internacional, europea, nacional y autonómica. Es además en estos colectivos donde con mayor fuerza se manifiesta el cambio acaecido en la política social, desde una concepción de asistencia pasiva, hacia políticas activas, formas activadoras, de incentivos a la inclusión social y por ende, la inserción laboral.

En nuestro país, todas las estrategias públicas a favor de las personas discapacitadas se plasman en actuaciones concretas de las distintas Administraciones, en cumplimiento del mandato constitucional delimitado por las disposiciones del art. 49 de la Constitución Española, («Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos»), el art. 35 («Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo...») y la encomienda que hace a los poderes públicos el art. 9, párrafo segundo, («corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»). Además, el art. 10 de la Carta Magna establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social.

Como manifestaciones normativas de ese mandato constitucional encontramos la trascendental Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido (LISMI), cuyo art. 3 ordena a los poderes públicos prestar los recursos necesarios para la integración laboral de los discapacitados. El art. 4 establece que la Administración amparará la iniciativa privada sin ánimo de lucro colaborando con especial atención con las instituciones, asociaciones y fundaciones, promovidas por los propios minusválidos, sus familiares o sus representantes legales. Igualmente, en su art. 42, señala como finalidad de los Centros Especiales de Empleo la realización de un trabajo productivo, cuyo objetivo es asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social al discapacitado, siendo, a la vez, un medio de integración de los minusválidos en el régimen de trabajo normal y ordena en su art. 43 a la Administración el establecer las compensaciones económicas que ayuden a la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo.

Cierto es que, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de nuestra Carta Magna, las desigualdades no se han erradicado totalmente de nuestra sociedad, pero también es indudable que se han operado importantes cambios en la manera de entender el fenómeno: hoy es sabido que las desventajas que presentan estas personas tienen su origen en sus dificultades personales, pero también, y sobre todo, en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos.

Asumiendo lo anterior, se han diseñado recientemente estrategias de intervención que operan simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales y que, en definitiva, persiguen la integración plena, efectiva y sin limitaciones de las personas discapacitadas.

Igualmente, en el ámbito internacional (ONU, Consejo de Europa, Unión Europea, y otras organizaciones internacionales) existe una gran sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Así, hemos de mencionar Instrumentos que, aunque posean un valor obligatorio menor, presentan un contenido de notable interés, como la Declaración de Derechos de los Minusválidos, por Resolución 3447, de 1975, donde se proclama el derecho de los discapacitados a desarrollar una actividad profesional, o el Programa de Acción Mundial para las personas discapacitadas (Resolución 37/52, de 3 de diciembre de 1982) cuyas directrices indican como medios eficaces de inserción de estos colectivos formas de empleo como las que se fomentan a través de esta Orden.

En el ámbito de la OIT se respaldan las políticas de promoción de empleo de las personas con discapacidad en los Convenios alcanzados en el seno de dicho Organismo, entre los que destaca el Convenio número 159 OIT, de 20 de junio de 1983, que establece para los Estados miembros la obligación, en su art. 3º, de llevar a cabo una política que asegure medidas, entre otras, de promoción de oportunidades de empleo. Este Convenio se complementa con la Recomendación número 168 OIT, en la que concretan asimismo medidas de promoción mediante incentivos económicos, empleo protegido y otras.

En la esfera de la Unión Europea, el art. 13 de su Tratado constitutivo habilita al Consejo para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual». El Consejo, en desarrollo de esta competencia, ha venido adoptando una serie de directivas con tal finalidad.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Plan Regional de Acción Integral para Personas con Discapacidad 2002-2004 comprometió recursos económicos, implicando y coordinando las actuaciones de los distintos departamentos de la Administración Regional, y recogió una serie de propuestas centradas en lograr el máximo de autonomía e independencia en el terreno personal, y su integración plena en los ámbitos socioculturales, laborales y económicos de nuestra Región. Este Plan hizo una mención especial a la labor del movimiento asociativo y de la necesidad de continuar en la línea de colaboración habitual con las Administraciones Públicas, que tan eficaz se viene mostrando.

El año 2003 fue declarado por el Consejo de la Unión Europea como «Año Europeo de las personas con discapacidad». Con tal motivo se pusieron en marcha en nuestro país importantes iniciativas de política social, como la transposición de la Directiva Europea 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación que establece el deber de los Estados de introducir lo que llama «ajustes razonables» que garanticen el cumplimiento del principio de igualdad de trato, y entre las que destaca, por su proyección hacia el futuro, la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Esta trascendental Ley, tal como se recoge en su preámbulo, plantea un renovado impulso de las políticas de equiparación de oportunidades incorporando dos estrategias de intervención relativamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de lucha contra la discriminación» y la de «accesibilidad universal».

En respuesta a estos planteamientos, se consideró conveniente la elaboración de instrumentos de planificación que administren la gradualidad en la puesta en marcha de la Ley. A tal fin, y simultáneamente a su elaboración, se diseñaron dos planes: el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012» y el «II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007», que pueden considerarse los dos referentes en torno a los cuales se vertebra el desarrollo de las presentes y futuras actuaciones tendentes a conseguir la igualdad de oportunidades y la plena integración de los discapacitados.

Existiendo otras muchas estrategias y mecanismos, no cabe duda de que la integración en el mercado laboral juega un papel relevante y constituye un elemento clave en el proceso de integración global de las personas con discapacidad.

La integración laboral es una pieza vital para conseguir la igualdad de oportunidades y la integración plena en la sociedad de las personas discapacitadas; afirmación que se sustenta en tres razones fundamentales: Porque contribuye a prevenir la exclusión social; porque permite incrementar las tasas de empleo; y, también, porque proporciona sostenibilidad a los sistemas de protección social.

El II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007, aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2003, al fijar políticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad, establece diversas estrategias (21 a 24) que suponen medidas contra la discriminación, mejora de la empleabilidad, nuevas fórmulas de empleo, mayor implicación de los agentes sociales, una mejor utilización de los recursos de fomento de empleo, el desarrollo de nuevas fórmulas de empleo y medidas activas y preventivas a favor de colectivos específicos con mayor riesgo de exclusión social: mujeres con discapacidad, personas con discapacidad intelectual, personas con trastornos mentales, personas con parálisis cerebral y personas con graves discapacidades físicas y/o sensoriales.

Por otra parte, la Directriz número 7, de las 10 que componen la Estrategia Europea de Empleo –que de idéntica manera recoge el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España– trata de promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto, y determina que los Estados miembros fomentarán la integración de las personas que han de enfrentarse a dificultades específicas en el mercado de trabajo tales como jóvenes que abandonan prematuramente el sistema escolar, trabajadores poco cualificados, personas con discapacidad, inmigrantes, miembros de minorías étnicas –desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación contra ellos. Las políticas se centrarán en lograr, de aquí a 2010, una reducción significativa en todos los Estados miembros de las diferencias en materia de desempleo entre las personas desfavorecidas y el resto de la sociedad, según definiciones y objetivos nacionales.

En definitiva, la integración laboral es, en nuestras sociedades, la vía de obtención preferente del reconocimiento social y de la satisfacción personal. Así, conseguir un acceso al mercado de trabajo libre de toda forma de discriminación es un paso imprescindible para cimentar la cohesión social. Por tanto, se pretende también conseguir un mercado laboral sin exclusiones, abierto a todos y es por ello que en la presente Orden se regulan diversos mecanismos destinados a incentivar la contratación de trabajadores discapacitados y facilitar su inserción en el mercado laboral de nuestra Región.

El FSE, creado en 1961, es el principal instrumento de la política social europea, ya que constituye la principal fuente de financiación comunitaria para el desarrollo de los recursos humanos y la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo. Tiene como metas la prevención y lucha contra el desempleo y el desarrollo de los recursos humanos y de integración en el medio laboral, a fin de promover un elevado nivel de empleo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. El FSE otorga una ayuda financiera de la Unión Europea a gran escala a los programas que favorecen o actualizan la «empleabilidad» de los ciudadanos.

A la vista del Marco Político de Referencia que encuadra la Estrategia de Desarrollo de los Recursos Humanos en nuestro país, y dada la dimensión de la política de empleo en el territorio español y, especialmente, el volumen de los recursos públicos totales utilizados para su desarrollo, el Marco Comunitario de Apoyo del Objetivo 1 definió la concentración de las actuaciones que serían cofinanciadas por el FSE, con base a los siguientes criterios objetivos: 1) Favorecer la mejora de los sistemas responsables de la ejecución de las políticas activas del mercado de trabajo; 2) El incremento de la eficacia de las actuaciones mediante una mejor definición y con concreción de los fines; 3) La promoción de las actuaciones dirigidas a los beneficiarios con más dificultades para el acceso a las mismas; y 4) El desarrollo de las medidas más eficaces para la promoción de la empleabilidad y la creación de empleo. Nuestro país, en aplicación de estos criterios, seleccionó, entre toda su actuación en desarrollo de las políticas activas, las acciones que se consideraron más adecuadas para impulsar la consecución de dichos objetivos.

De esta forma, el Programa Operativo Plurirregional 2000-2006 para las regiones objetivo 1 del Fondo Social Europeo. Área de Fomento del Empleo (POPLR-OB1FSE), aglutina un conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores desempleados, facilitándoles el acceso y la integración en el mercado de trabajo. Dichas actuaciones se enmarcan en los siguientes ejes: 42. Inserción y Reinserción Ocupacional desempleados; 43. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad; 44. Integración Laboral personas con especiales dificultades; 50. Fomento y apoyo a las Iniciativas de Desarrollo Local; y 999. Asistencia Técnica, determinando, con carácter general, y al objeto de lograr una mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo, un objetivo de participación del 61% de mujeres en las acciones previstas.

Aplicando el principio de complementariedad en las acciones, el Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia 2000-2006 (POIRM), persigue los mismos objetivos, y sigue una idéntica formulación y estructura en cuanto a ejes y medidas que el POPLR-OB1-FSE.

En relación con el POIRM, en el Comité de Seguimiento celebrado el día 8 de Junio de 2004 se aprobó la reprogramación presentada del mismo como consecuencia de la Evaluación Intermedia y de la asignación de la Reserva de Eficacia previstas en los arts. 42 y 44 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 y las adaptaciones del Complemento de Programa en el que, tras una evaluación previa sobre la coherencia de las medidas del POIRM con los objetivos definidos en los ejes prioritarios, incluye una descripción más exhaustiva de dichas medidas y define indicadores de realización, resultado e impacto con previsiones cuantificadas cuando ha resultado posible. Se presenta también la distribución de la ayuda y el gasto desglosado a nivel de medidas, y se incluyen, asimismo, los criterios de selección de los proyectos u operaciones financiadas. En un capítulo independiente se describe la modalidad de aplicación de la Subvención Global de la Región de Murcia, integrada en el POIRM; las medidas a través de la cuales se ejecuta; y los indicadores correspondientes. Se incorpora además información sobre los indicadores elegidos a efectos de asignar la reserva de eficacia y una serie de capítulos referentes a las disposiciones para garantizar la cofinanciación nacional, al respeto de las políticas comunitarias, a las acciones de información y publicidad, y al intercambio electrónico de datos con la Comisión Europea.

El eje 44, destinado a la integración laboral de las personas con especiales dificultades, se dirige a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad, dadas sus especiales dificultades y por el hecho de ser un colectivo prioritario en el desarrollo de los recursos humanos en general.

En relación con este Eje, el objetivo que se persigue es adoptar criterios de normalización para promover el empleo de los discapacitados en las mismas condiciones que tienen el resto de los trabajadores, apoyándose por supuesto en las acciones protectoras necesarias para acercarles a una posición de igualdad de oportunidades. Se señala que, por lo que respecta a disposiciones legales, se han realizado en España, esfuerzos notables que han puesto de manifiesto la buena disposición y un aceptable nivel de comprensión del problema. Esto ha supuesto por lo que se refiere a la inserción laboral en la empresa ordinaria, un aumento de los contratos indefinidos de minusválidos que va creciendo cada año. No obstante, el paro en este colectivo supera en muchos puntos las tasas de desempleo corrientes en el país, por lo que se señalan los objetivos siguientes:

• Insertar laboralmente a los trabajadores discapacitados mediante actuaciones preventivas que faciliten su integración, a través de la mejora de su capacidad de inserción profesional.
• Ofrecer formación profesional promoviendo la participación de las entidades representativas del sector en las acciones de orientación adaptadas al mismo y facilitar iniciativas de inserción y prácticas laborales con las empresas y entidades del tercer sector.
• Apoyo a la contratación e inserción laboral. Para ello propone potenciar los servicios especializados de intermediación laboral en colaboración con entidades del sector, ofrecer apoyos e incentivos para la formalización de nuevas contrataciones estables al año; establecer medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en favor de trabajadores con discapacidad, en las empresas de más de 50 trabajadores y promover fórmulas más flexibles y alternativas en el acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad.

En este eje se prevé una sola medida: 44.10. «Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral».

La Consejería de Trabajo y Política Social, de acuerdo con el art. 148.1.13ª de la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia elabora para cada ejercicio presupuestario una serie de programas que tienen como finalidad primordial el fomento del empleo, y de los que forman parte los Programas aquí contemplados.

La creación del SEF, mediante la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, ha supuesto para este organismo la asunción de competencias que anteriormente correspondían a la Dirección General de Formación Ocupacional y a la Dirección General de Trabajo, así como las competencias en materia de formación y empleo transferidas del Instituto Nacional de Empleo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conforme al Acuerdo de Traspaso adoptado en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias el día 15 de Abril de 2003, aceptadas y atribuidas al Servicio Regional de Empleo y Formación mediante el Decreto 40/2003, de 30 de abril.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones a otorgar por el SEF durante el año 2005 con la finalidad de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad y estimular su contratación por empresas del mercado ordinario de trabajo en el ámbito de la Región de Murcia. Se estructura en un Título Preliminar, que contiene las disposiciones de carácter general y regula el procedimiento, y dos Títulos, con el siguiente contenido: Título Primero en el que se establecen las bases reguladoras de los Programas contemplados en la presente convocatoria; y Título Segundo donde se regula el procedimiento de pago y justificación de los citados Programas.

Los programas contemplados en el Título Primero son los siguientes: Programa 1, de Integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo; Programa 2, de Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad; y Programa 3, de Integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

Las Órdenes estatales reguladoras del procedimiento de gestión del Programa 1. Integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, cuya gestión ha sido transferida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud del Real Decreto 374/1995, de 10 de marzo (BOE del 18 de abril), se han acomodado a las especialidades que se derivan de la organización propia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Respecto del Subprograma 2.1. Enclaves laborales en las empresas ordinarias, la promulgación del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se ha regulado esta figura del enclave laboral ha supuesto el fin del vacío en la normativa estatal en la materia, con lo que en cuanto a la naturaleza y régimen de funcionamiento de los enclaves se realiza en el articulado de esta Orden una remisión a la norma del Estado. En lo relativo a la ayuda autonómica, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través de la Medida 44.10 del Programa Operativo, se desvincula, como ya se hizo en la Convocatoria del año anterior, la duración del enclave y periodo subvencionado.

La presente Orden presenta, respecto de la materia regulada para el mismo fin en la Orden de 2004, las siguientes novedades:

• Se suprime el programa propio de ayudas previas a la jubilación a las Entidades beneficiarias (que fomenten el empleo y la economía social entre los trabajadores asociados, así como sus intereses laborales) y que tengan suscrito Convenio Especial con la Seguridad Social, para sufragar las cotizaciones a la misma de los trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. Este programa pasa a ser gestionado por la Dirección General de Trabajo de esta misma Consejería.
• Se excluye del ámbito subjetivo de aplicación de todos los programas a las personas pertenecientes a los denominados colectivos en riesgo de exclusión social. La gestión del programa de empleo con apoyo para dicho colectivo corresponde ahora a la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y Otros Colectivos de esta misma Consejería. El Servicio Regional de Empleo y Formación sigue gestionando las ayudas a la contratación, si bien su regulación y convocatoria se contienen en la Orden de esta misma Consejería por la que se aprueban los programas de Fomento de la Contratación y del Autoempleo, y se establece la convocatoria de las subvenciones de cuotas a la Seguridad Social por la capitalización de las prestaciones por desempleo para el año 2005.
• Se incluye un nuevo programa cuyas medidas tienen como finalidad el fomento de la contratación de personas discapacitadas por empresas del mercado ordinario de trabajo, como forma última y más plena de integración laboral de este colectivo de trabajadores. Dentro del mismo se contempla dos subprogramas de Contratación Temporal, con ciertas especialidades para este último supuesto.

En la elaboración de esta Orden se ha tenido en cuenta el Real Decreto 374/95 de 10 de marzo sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de programas de apoyo al empleo.

También se tiene en consideración el Pacto por la Estabilidad en el Empleo en la Región de Murcia 2003-2006 firmado el día 4 de diciembre de 2002 entre el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los agentes económicos y sociales.

Igualmente se ha contemplado el nuevo Marco Comunitario de Apoyo para el periodo 2000-2006, la comunicación de la Comisión Europea sobre los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión, publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea de 29 de septiembre de 1999, que contiene las directrices para los Programas del periodo 2000-2006 y entre ellas las relativas al FSE, así como lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 (DOCE de 13 de diciembre) relativo a la aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo.

También se ha tenido en consideración el Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia 2000-2006 y su reprogramación y las adaptaciones del Complemento de Programa aprobadas en el Comité de Seguimiento celebrado el día 8 de Junio de 2004, así como lo señalado en el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2004.

Se ha cumplido con las exigencias contenidas en capítulo V del título II del Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (TRLHRM).

En su virtud, oído el Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación, a propuesta del Servicio Regional de Empleo y Formación, y en uso de las facultades que me confiere el art. 38 y 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en relación con el art. 62, párrafo primero, del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el TRLHRM,

Dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO. PROGRAMAS

TÍTULO II. ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO I. Documentación a presentar en la solicitud

Los solicitantes de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán presentar, junto con la solicitud que corresponda, de acuerdo con las condiciones que concurran en cada caso, la documentación que se reseña a continuación. Dicha documentación habrá de ser presentada en original o fotocopia debidamente compulsada.

1. Programa de integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

1.1. Subprograma de creación de empleo estable en centros especiales de empleo.

Modalidad de «Asistencia técnica».

1. Memoria detallada de la actividad realizada.
2. En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera realizado la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a realizar.
3. En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera realizado la inversión:
   1. Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica realizada, firmado por técnico competente.
   2. Facturas acreditativas del pago de los honorarios de la asistencia técnica realizada.
   3. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva creación.
4. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
5. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de minusvalía y clase: física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación y que motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores no minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).
6. De los trabajadores discapacitados incorporados desde el día 1 de enero del presente año:
   • Documento Nacional de Identidad
   • Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta
   • Contratos de trabajo de los trabajadores discapacitados, debidamente diligenciados en la Oficina de Colocación.
   • Calificación de minusvalía, o certificación, en su defecto.
   • Certificado de la Oficina de Empleo que acredite la inscripción del trabajador como demandante de empleo, expresando la fecha de alta en la citada Oficina.
7. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
8. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
9. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Modalidades de «Inversión en activos fijos» y «Subvención parcial de intereses de préstamos»:

1. Memoria justificativa, detallada y firmada por el representante legal del centro, de la inversión que motiva la solicitud.
2. Listado detallado y firmado por el representante legal del centro, de todas aquellas facturas que integran la inversión proyectada.
3. Facturas proforma o presupuestos de la inversión a realizar durante el presente año en activos fijos materiales nuevos o usados y por los que se solicite subvención.
4. En caso de solicitar subvención financiera, se presentará contrato de formalización del préstamo que acredite su concesión y las características del mismo (cuantía, plazo, carencia, tipo de interés y amortización) y cuadro de amortización con detalle de los pagos parciales del principal y de los intereses.
5. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de minusvalía y clase: física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación y que motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores no minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).
6. De los trabajadores discapacitados incorporados desde el día 1 de enero del presente año:
   • Documento Nacional de Identidad
   • Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta
   • Contratos de trabajo de los trabajadores discapacitados, debidamente diligenciados en la Oficina de Colocación.
   • Calificación de minusvalía, o certificación, en su defecto.
   • Certificado de la Oficina de Empleo que acredite la inscripción del trabajador como demandante de empleo, expresando la fecha de alta en la citada Oficina.
7. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
8. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
9. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
10. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

1.2. Subprograma de mantenimiento de puestos de trabajo.

Modalidad de «Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social».

1. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de minusvalía y clase: física, psíquica o sensorial); y de la relación nominal de trabajadores no minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).
2. Informe de vida laboral de la empresa, desde su fecha de constitución.
3. Contratos de trabajo, de los trabajadores discapacitados, debidamente diligenciado en la Oficina de Colocación.
4. Calificación de minusvalía, o certificación, en su defecto.
5. Tarjeta del CIF.

Modalidad de «Subvención de costes salariales».

1. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de nacimiento, número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta y de baja en Seguridad Social, tipo de contrato con indicación del porcentaje de jornada trabajada, grado de minusvalía, fecha de caducidad de la misma y clase: física, psíquica o sensorial); y de la relación nominal de trabajadores no minusválidos señalando los que sean personal de apoyo (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).
2. Relación alfabética firmada por el representante legal del centro, de los trabajadores por los que se solicita subvención con los siguientes datos: apellidos, nombre, días sin incidencias, días con incidencias, causa de la incidencia, porcentaje de jornada trabajada y cuantía de la subvención solicitada.
3. Relación firmada por el representante legal del centro de altas y bajas en la Seguridad Social producidas durante el periodo por el que se solicita la subvención a la que se acompaña la correspondiente documentación acreditativa de los hechos (contratos, altas en Seguridad Social, calificación de minusvalía o certificación en su defecto, certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo).
4. Nóminas y justificantes de abono del salario.
5. Cuando el trabajador haya estado de baja por incapacidad temporal (IT) se presentará el parte de baja y alta.
6. Último Boletín de Cotización abonado por la Entidad a la Seguridad Social (modelos TC1 y TC2).
7. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
8. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
9. En caso de que se desee percibir la ayuda en un código cuenta cliente distinto al indicado en la solicitud referida en el art. 14 de esta Orden, certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante desee domiciliar el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Modalidad de «Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajo».

1. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si es a jornada completa o parcial).
2. Estudio-memoria que justifique la necesidad de adaptación de puestos de trabajo y/o la eliminación de barreras arquitectónicas, realizado y firmado por técnico competente.
3. Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago de la inversión realizada en activos fijos materiales. Las facturas pagadas en metálico deberá aportarse recibí debidamente firmado y sellado por el proveedor.
4. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
5. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
6. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
7. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Modalidad de «Subvención para saneamiento financiero».

1. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si es a jornada completa o parcial).
2. Memoria explicativa del desequilibrio financiero, su origen y plan estratégico que asegure la vida futura de la empresa, con actuaciones a medio y largo plazo.
3. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en dichos años.
4. Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de Empleo firmado por técnico competente externo al centro.
5. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
6. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
7. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
8. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Modalidad de «Subvención al equilibrio presupuestario».

1. Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores minusválidos (indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si es a jornada completa o parcial).
2. Acreditación de la declaración de utilidad pública e imprescindibilidad del centro especial de empleo.
3. Memoria explicativa del desequilibrio presupuestario y su origen.
4. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en dichos años.
5. Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de Empleo firmado por técnico competente externo al centro.
6. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
7. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
8. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
9. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Modalidad de «Asistencia técnica al mantenimiento de centros especiales de empleo».

1. Memoria detallada de la actividad realizada.
2. En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera realizado la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a realizar.
3. En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera realizado la inversión:
   1. Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica realizada, firmado por técnico competente.
   2. Facturas acreditativas del pago de los honorarios de la asistencia técnica realizada.
   3. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva creación.
4. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
5. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
6. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
7. Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.

Programa 2. Formas innovadoras de integración laboral.

2.1. Subprograma de enclaves laborales en las empresas ordinarias.

1. Memoria descriptiva del proyecto de enclave laboral.
   1. Presupuesto ajustado por cada uno los apartados de gastos admitidos.
   2. Relación de personas con discapacidad imputadas al programa.
2. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
4. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
5. Certificado expedido por la entidad bancaria donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.
6. Certificado expedido por el Organismo Público competente en la materia que acredite la minusvalía de los trabajadores participantes en la acción.
7. En los casos de contratación o renovación de contrato del personal de apoyo (preparadores):
   1. D. N. I/N. I. F del trabajador.
   2. Certificado de la Oficina de Colocación que acredite la condición de desempleado del trabajador hasta la fecha de su alta en la Seguridad Social, para el caso de la contratación inicial.
   3. Currículum profesional del trabajador a contratar firmado por el interesado y documentación acreditativa de su titulación y/o experiencia profesional (informe de vida laboral, contratos, certificados de empresa, titulación académica).
8. Contrato de arrendamiento de servicios suscrito por el centro especial de empleo y la empresa receptora del enclave.

2.2. Subprograma de empleo con apoyo.

Documentación específica a presentar por las entidades promotoras.

1. Memoria descriptiva del proyecto de empleo con apoyo.
   1. Presupuesto ajustado para cada uno los apartados de gastos admitidos.
   2. Relación de personas con discapacidad sobre las que se van a actuar en el programa, en formato papel firmado por el representante legal de la entidad solicitante, y en soporte informático, utilizando para ello el aplicativo que les será facilitado por el SEF.
2. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestralidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar la entidad solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago. Dicho certificado deberá expedirse a los efectos de percibo de subvenciones y/o ayudas públicas, no siendo válidos cualesquiera otros.
4. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
5. Certificado expedido por la entidad bancaria donde la entidad solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF.
6. Certificado expedido por el Organismo Público competente en la materia que acredite la minusvalía o situación de riesgo de exclusión social de los trabajadores participantes en la acción.
7. En los casos de contratación o renovación de contrato del personal directamente ligado a la inserción, y del personal de apoyo contratado imputable al programa:
   1. D. N. I/N. I. F del trabajador.
   2. Certificado de la Oficina de Colocación que acredite la condición de desempleado del trabajador hasta la fecha de su alta en la Seguridad Social, para el caso de la contratación inicial.
   3. Currículum profesional del trabajador a contratar firmado por el interesado y documentación acreditativa de su titulación y/o experiencia profesional (informe de vida laboral, contratos, certificados de empresa, titulación académica).

Programa 3. Integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

3.1. Subprograma de contratación temporal.

1. Tarjeta del CIF de la entidad solicitante, o N. I. F. del Trabajador Autónomo que efectúa la contratación.
2. Escritura de constitución de la sociedad, y ulteriores, si hubiere habido modificaciones en la titularidad de quienes ejerzan los cargos sociales, debidamente inscritas en el Registro Mercantil o Registro de Sociedades Cooperativas, según proceda.
3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante legal de la entidad solicitante.
4. Informe de vida laboral de la empresa, desde su fecha de constitución.
5. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar el solicitante al corriente en el pago de las obligaciones para con ella, en todos los regímenes, o tener concedido aplazamiento de pago.
6. Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el art. 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B. O. E. nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
7. Original del Contrato de trabajo concertado, debidamente diligenciado en la Oficina de Empleo, o copia del mismo y huella del sistema «contrat@».
8. Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante, o trabajador autónomo que efectúa la contratación, de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.
9. Certificado expedido por la entidad bancaria donde el solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten los 20 dígitos identificadores de su código cuenta cliente, y su CIF o NIF en caso de Autónomos contratantes.
10. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del trabajador contratado o copia del permiso de trabajo y residencia si el trabajador fuere extranjero no comunitario.
11. Informe de vida laboral del trabajador contratado, donde figuren todas las empresas donde haya prestado sus servicios, además del alta de la contratación objeto de la subvención solicitada.
12. Certificado de la Administración competente que acredite la condición de discapacitado del trabajador contratado. A estos efectos, se entenderán como discapacitados aquellas personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
13. Cuando el trabajador contratado provenga de un enclave laboral, se aportará contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre el Centro Especial de Empleo y la Entidad solicitante, donde conste su inclusión.
14. Cuando el trabajador contratado provenga de un programa de empleo con apoyo, se aportará Convenio de Colaboración y prácticas prelaborales firmado con la Entidad promotora al inicio de la experiencia, donde conste su participación.
15. En los supuestos de sustitución del trabajador contratado se deberá aportar:
    1. Parte de baja en la Seguridad Social del Trabajador sustituido.
    2. Documentos reseñados más arriba como 7, 10, 11, 12 y, en su caso, 13 o 14.
16. Para los casos de subrogación empresarial, se deberá presentar la siguiente documentación:
    1. Fotocopia compulsada del documento de notificación de la subrogación a la Tesorería General de la Seguridad Social, debidamente diligenciado.
    2. Documentos reseñados como: 1, 2, 3, 4, 5 y 8.

Volver al índice