Murcia Social Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MODIFICADA)

ARTÍCULO 3. FINALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA

1. La Renta Básica de Inserción es una prestación social de naturaleza económica que tiene por finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades contempladas en el art. 142 del Código Civil, sin que ello suponga, en ningún caso, la sustitución, modificación o extinción de los deberes que tienen las personas obligadas civilmente a la prestación de alimentos.

2. La Renta Básica de Inserción reconocerá a su titular con carácter alimenticio, en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia. En consecuencia, es intransferible y no podrá darse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión, retención, embargo, compensación o descuento, salvo en los supuestos y con los límites establecidos en la legislación civil aplicable al respecto.

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ARTÍCULO 4. CARÁCTER SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO

1. La Renta Básica de Inserción tendrá carácter subsidiario de las pensiones que pudieran corresponder al titular y a los beneficiarios de la prestación, sean del sistema de la SS, de otro régimen público de protección social sustitutivo de aquélla, de las prestaciones por desempleo en sus niveles contributivo y asistencial, u otras prestaciones que, por la identidad de su finalidad y cuantía con las anteriores, pudieran determinarse reglamentariamente.

2. La atribución del carácter subsidiario comportará, a los efectos de esta ley, que, quien reúna los requisitos para causar derecho a alguna de las prestaciones públicas mencionadas en el apartado anterior, tendrá obligación de solicitar ante el organismo correspondiente, con carácter previo a la petición de la Renta Básica de Inserción, el reconocimiento del derecho a ellas.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Renta Básica de Inserción tendrá carácter complementario hasta el importe que corresponda percibir a su titular en los términos del art. 10.1 respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera tener derecho la unidad de convivencia.

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ARTÍCULO 5. TITULARES Y BENEFICIARIOS

1. Podrán ser titulares de la Renta Básica de Inserción las personas que cumplan los requisitos establecidos en el art. 7 de esta ley, salvo las excepciones previstas en dicho artículo.

2. Tendrán la consideración de beneficiarios las personas que convivan con el titular de la Renta Básica de Inserción, unidas por vínculo de parentesco o similar, en los términos establecidos en el art. 8.

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ARTÍCULO 6. PERCEPTORES

1. Podrán ser perceptores de la Renta Básica de Inserción:

1. Los titulares de la Renta Básica de Inserción.
2. Los miembros adultos de la unidad de convivencia u otro familiar del titular, propuestos por el propio titular o por el Centro de Servicios Sociales y que fueren designados al efecto por el IMAS.

2. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán tener la consideración de perceptores, personas ajenas al titular y a su familia, pertenecientes preferentemente a entidades colaboradoras de carácter social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

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ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE LOS TITULARES

1. Podrán ser titulares de la Renta Básica de Inserción, en las condiciones previstas en la presente ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

1. Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho el tiempo que se determine reglamentariamente, que no podrá ser inferior a cinco años.
2. Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tener residencia efectiva por el tiempo que se determine reglamentariamente, que no podrá ser inferior al año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud.
3. Ser mayor de veinticinco años y menor de sesenta y cinco.

   También podrán ser titulares las personas que, reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren además en alguna de las siguientes circunstancias: Ser menor de veinticinco años o mayor de sesenta y cinco, y tener menores o discapacitados a su cargo.

   Tener una edad comprendida entre dieciocho y veinticinco años, y haber estado tutelado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia antes de alcanzar la mayoría de edad, encontrarse en situaciones de orfandad absoluta o grave exclusión social participando en un programa de integración, reconocido a tal efecto por la Consejería competente en materia de política social.

   Tener una edad superior a sesenta y cinco años y no ser titular de pensión u otra prestación análoga de ingresos mínimos, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

4. Constituir una unidad de convivencia independiente conforme a lo establecido en el artículo ocho de esta ley, con la antelación mínima que reglamentariamente se establezca.
5. Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, según los términos establecidos en el art. 9.
6. Haber solicitado previamente, de los organismos correspondientes, las pensiones y prestaciones a que se refiere el art. 4.1, cuando el titular y los beneficiarios reúnan los requisitos para tener derecho a ellas.
7. Participar junto a los miembros de la unidad de convivencia en los proyectos individuales de inserción previstos en el art. 35 de esta ley.

2. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser titulares de la prestación aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados en el número anterior, concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad, las cuales serán reglamentariamente determinadas.

La resolución por la que se conceda la prestación deberá, en estos casos, estar suficientemente motivada.

3. Reglamentariamente podrá establecerse el derecho a la percepción de la prestación económica de la Renta Básica de Inserción de personas procedentes de otras Comunidades Autónomas que fijen su residencia efectiva y permanente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siempre que se encuentren percibiendo en ellas una prestación con idéntica finalidad y se encuentre expresamente contemplada la reciprocidad.

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ARTÍCULO 8. UNIDAD DE CONVIVENCIA

1. Se considerará unidad de convivencia, a los efectos previstos en esta ley, a la persona solicitante y, en su caso, a quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y por adopción, tutela o acogimiento familiar. Quedan excluidos de la noción de alojamiento los establecimientos colectivos de estancia permanente, sean públicos, concertados o contratados.

2. Cuando en un mismo marco físico de alojamiento convivan personas, unidas con el grado de parentesco establecido en el punto anterior que tengan a su cargo hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, se considerará que constituyen otra unidad de convivencia independiente.

3. No se perderá la condición de unidad de convivencia independiente cuando el marco físico de alojamiento permanente deje de serlo por causa de fuerza mayor, accidente o desahucio.

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ARTÍCULO 9. CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS

1. Se considera que existe carencia de recursos económicos, cuando las rentas o ingresos mensuales de los que disponga o se prevea que va a disponer el interesado y los miembros de su unidad de convivencia, sean inferiores al importe de la Renta Básica de Inserción que correspondería a la citada unidad, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

2. Se podrá considerar que existe suficiencia de recursos económicos cuando, de las actuaciones practicadas, se desprenda que existen personas legalmente obligadas y con posibilidad real de prestar alimentos al solicitante de la Renta Básica de Inserción y a los miembros de su unidad de convivencia.

A los efectos de esta ley, se considera que no existe obligación de prestar alimentos cuando su realización implique desatender necesidades propias o las de los familiares a su cargo. Estas circunstancias deberán constar fehacientemente en el expediente administrativo.

3. El órgano competente para resolver podrá, asimismo, reconocer la prestación a aquellos solicitantes de los que se prevea que no podrá hacerse efectiva la obligación civil de alimentos por existencia de malos tratos o relaciones familiares inexistes o deterioradas, siempre que exista constancia de ello en el expediente.

4. Se entenderá que la unidad de convivencia cuenta con recursos económicos suficientes cuando sus miembros integrantes posean un patrimonio de valor superior al límite determinado en las normas de desarrollo de la presente ley.

A tal efecto se considerará excluido de dicho importe la valoración catastral de la vivienda habitual, siempre que ésta no supere diez anualidades del SMI.

(Añadido el segundo párrafo al ap. 4 por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, en su Disposición Final Tercera)

5. En cualquier caso, serán objeto de desarrollo reglamentario las normas de valoración de los recursos económicos, ya se deriven de renta o de patrimonio, a fin de establecer adecuadamente la suficiencia de recursos y el subsiguiente importe de la prestación de Renta Básica de Inserción.

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ARTÍCULO 10. IMPORTE

1. La cuantía de la Renta Básica de Inserción estará integrada por la suma de una prestación mensual básica y un complemento mensual variable, en función de los miembros que formen la unidad de convivencia.

2. El importe de la prestación básica y del complemento variable se determinará reglamentariamente. No obstante, el importe de la Renta Básica de Inserción para la primera persona de la unidad de convivencia será, al menos, el setenta y cinco por ciento del IPREM vigente.

3. Del importe de la prestación mensual, sumada la prestación básica con el complemento variable, se deducirán los ingresos mensuales de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, se exceptúan los ingresos de naturaleza finalista para la atención de necesidades familiares, los procedentes de la actividad laboral del titular de la renta básica de inserción que no igualen o superen el importe de la misma y los procedentes de otros miembros de la unidad de convivencia en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

4. La Renta Básica de Inserción no podrá tener un importe superior al 150% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en cada momento.

5. En el supuesto de que dos o más personas titulares de la Renta Básica de Inserción compartan el mismo domicilio, el importe máximo de la prestación a percibir por cada uno de ellos no podrá superar el ochenta y cinco por ciento de la cuantía que pudiera corresponder a cada unidad de convivencia.

6. Con carácter no periódico, los titulares de la Renta Básica de Inserción con menores en edad escolar, percibirán por cada uno de ellos, al inicio de cada curso, una ayuda económica para material escolar en la cuantía que reglamentariamente se determine. Igualmente, los beneficiarios mayores de edad que asistan a cursos de formación podrán percibir un complemento de asistencia en concepto de transporte en la cuantía y forma que reglamentariamente se determine.

Excepcionalmente, podrán percibirse incentivos por incorporación laboral en el supuesto de familias numerosas o monoparentales con menores a su cargo y graves dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.

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ARTÍCULO 11. DURACIÓN

1. El derecho a la percepción de la Renta Básica de Inserción se prolongará durante un período máximo de doce meses, siempre que el titular reúna los requisitos establecidos en la presente ley, a no ser que se produzca la suspensión o extinción del derecho por las causas contempladas en ella.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano competente para resolver podrá prorrogar la percepción de la Renta Básica de Inserción, en las condiciones que se determinen reglamentariamente, en los supuestos siguientes:

1. Cuando exista una limitación funcional que impida o dificulte gravemente la incorporación laboral del interesado.
2. Cuando el cese en el percibo de la prestación pueda afectar negativamente al desarrollo y evolución del proyecto individual de inserción.

3. Extinguida la prestación de la Renta Básica de Inserción, no podrá concederse nuevamente hasta transcurridos seis meses desde la fecha de extinción.

4. Transcurridos seis meses desde la notificación de la concesión de la Renta Básica de Inserción, o cuando sean requeridos para ello por la Administración, los titulares de dicha prestación deberán acreditar el mantenimiento de los requisitos exigidos para su concesión.

5. La prestación de la Renta Básica de Inserción se devengará a partir del primer día del mes en el que se dicte la resolución de concesión.

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ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES

Las personas titulares de la Renta Básica de Inserción estarán obligadas a:

1. Destinar la prestación económica a los fines establecidos en el art. 142 del Código Civil.
2. Solicitar la baja en la prestación económica cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.
3. Proporcionar a la Administración información veraz sobre las circunstancias familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como colaborar con la Administración para la verificación de dicha información.
4. Participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el proyecto individual de inserción, conforme a lo establecido en el art. 36 de esta ley.
5. Escolarizar a los menores a su cargo.

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ARTÍCULO 13. MODIFICACIÓN

1. La cuantía de la Renta Básica de Inserción podrá ser modificada como consecuencia de la disminución o aumento de los miembros de la unidad de convivencia o de los recursos económicos que hayan servido como base para el cálculo de la prestación.

2. Se entenderá que existe disminución o aumento del número de miembros de la unidad de convivencia, cuando alguno de ellos, se incorpore o ausente del domicilio habitual de aquélla durante un período igual o superior a un mes.

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ARTÍCULO 14. SUSPENSIÓN

1. La percepción de la Renta Básica de Inserción podrá ser suspendida temporalmente, mediante resolución administrativa motivada, por el plazo que se fije en ésta, que nunca podrá ser superior a seis meses, previa audiencia del interesado, por las causas siguientes:

1. Pérdida transitoria u ocasional de alguno de los requisitos exigidos.
2. Realización de un trabajo de duración inferior a seis meses, por el que se perciba una retribución igual o superior al de la prestación económica.

2. La percepción de la prestación se reanudará al concluir el plazo de suspensión fijado, o si hubieran decaído las causas de la suspensión y una vez acreditado el mantenimiento de los requisitos exigidos para acceder a la prestación.

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ARTÍCULO 15. SUSPENSIÓN CAUTELAR

El órgano competente para resolver podrá, como medida provisional y mediante resolución debidamente motivada, suspender de forma cautelar y por un plazo máximo de tres meses, previa audiencia del interesado, la percepción de la prestación cuando existan indicios fundados de concurrencia de algunas de las causas de extinción.

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ARTÍCULO 16. EXTINCIÓN

Además de la extinción por el transcurso del tiempo máximo al que se refiere el art. 11 la Renta Básica de Inserción, se declarará extinguida mediante resolución administrativa motivada, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1. Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en la presente ley.
2. Fallecimiento del titular de la prestación, salvo en los supuestos que en la unidad de convivencia existan miembros que puedan ser titulares y así lo soliciten.
3. Renuncia expresa del titular.
4. Mantenimiento de las causas de suspensión de la prestación por tiempo superior a seis meses.
5. Traslado de residencia efectiva fuera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de su posible concesión por otra Comunidad Autónoma en virtud de convenios de reciprocidad.
6. Realización de un trabajo de duración superior a seis meses, por el que se perciba una retribución igual o superior al de la prestación económica.
7. Rechazar una oferta de empleo adecuado.
8. Imposición de sanción por infracción grave o muy grave.

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ARTÍCULO 17. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

1. La suspensión y extinción de la prestación reconocida surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a su adopción, sin perjuicio, en su caso, de la declaración de pago indebido.

2. La extinción derivada de un procedimiento sancionador supondrá que no podrá solicitarse de nuevo la prestación de Renta Básica de Inserción durante el plazo que se determina en el art. 29. Dicho plazo será fijado en la resolución administrativa que cierre el procedimiento sancionador, teniendo en cuenta la naturaleza, grado y extensión de las infracciones, la intencionalidad de quien las cometa, así como las circunstancias concurrentes en cada caso.

Asimismo, la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador incluirá, en su caso, la declaración de pago indebido y la obligación de reintegro.

3. En todo caso, la suspensión y extinción de la prestación, así como el período de carencia para formular una nueva solicitud, deberán aplicarse evitando al máximo la desprotección de las personas que formen parte de la unidad de convivencia.

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ARTÍCULO 18. CONSERVACIÓN DE OTRAS MEDIDAS

La suspensión o extinción de la prestación económica no conlleva el mismo efecto respecto de las medidas previstas en el título III de la presente ley. Los destinatarios de estas últimas podrán seguir beneficiándose de ellas, con el fin de promover su inserción social y laboral y prevenir posibles situaciones de exclusión social.

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ARTÍCULO 19. REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS

En aquellos casos en los que se compruebe la percepción indebida de la Renta Básica de Inserción y de los complementos previstos en el art. 10.1, el órgano de resolución requerirá al titular o al perceptor, según proceda, el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas en las condiciones que reglamentariamente se determine.

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ARTÍCULO 20. INICIACIÓN

1. El procedimiento para la concesión de la Renta Básica de Inserción se iniciará de oficio por el órgano competente para resolver o mediante solicitud de los interesados, que se presentará en el Centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio de la persona solicitante. Una vez recibida la solicitud, se abrirá el correspondiente expediente administrativo.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro habilitado al efecto según modelo normalizado, que será aprobado reglamentariamente. Dicho modelo estará a disposición de los ciudadanos en los centros de Servicios Sociales y en los servicios de información especializada de la consejería competente.

3. Las solicitudes también podrán presentarse en otras dependencias administrativas de servicios sociales, y en aquellas otras a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En estos supuestos, las unidades administrativas receptoras remitirán la documentación recibida al órgano competente para resolver.

4. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se determinen reglamentariamente para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

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ARTÍCULO 21. INSTRUCCIÓN

1. El Centro de Servicios Sociales deberá comprobar que la persona solicitante reúne los requisitos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo para ser titular de la prestación económica. Examinará, asimismo, los datos correspondientes a la composición de la unidad de convivencia del solicitante, y documentación sobre sus recursos económicos.

2. Los centros de Servicios Sociales realizarán, de oficio, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. A tal fin, podrán solicitar de otros organismos cuantos datos e informes sean necesarios para recabar la veracidad de la documentación presentada por el solicitante y su adecuación a los requisitos establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

3. Si la solicitud no va acompañada de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos legal y reglamentariamente para la concesión de la Renta Básica de Inserción, el Centro de Servicios Sociales requerirá al interesado para que complete la documentación.

4. Una vez completada y verificada la documentación necesaria, los centros de Servicios Sociales remitirán la solicitud al Instituto Murciano de Acción Social, en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de aquélla, junto con la documentación obrante en el expediente y el correspondiente informe social, a efectos de su valoración y posterior resolución. El plazo citado anteriormente quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante.

5. Los Centros de Servicios Sociales verificarán previamente a la remisión de la solicitud al Instituto Murciano de Acción Social, que el solicitante ha iniciado los trámites para el reconocimiento del derecho o derechos a las prestaciones mencionadas en el art. 4.1.

En el supuesto en que la persona solicitante no haya iniciado los citados trámites, pondrá en su conocimiento que es requisito indispensable para la resolución de la solicitud.

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ARTÍCULO 22. VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN

1. Recibida en el Instituto Murciano de Acción Social la solicitud del interesado junto con la documentación del expediente, se procederá a su estudio y valoración.

2. Los interesados podrán, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

3. En el plazo máximo de dos meses desde la fecha de entrada del expediente en el Instituto Murciano de Acción Social, éste dictará resolución de concesión o denegación de la prestación de Renta Básica de Inserción, de la que se dará traslado al interesado. Este plazo quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.

4. La resolución surtirá efectos desde la fecha de notificación al interesado, sin perjuicio de que el devengo de la prestación comience desde el primer día del mes en el que se dicte aquélla.

5. Se dará traslado al Centro de Servicios Sociales correspondiente de la resolución recaída en el expediente, para su conocimiento.

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ARTÍCULO 23. RECURSOS

1. Contra las resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación de Renta Básica de Inserción se podrán interponer cuantos recursos administrativos y jurisdiccionales se contemplan en la legislación vigente.

2. Los interesados podrán, a tenor de lo establecido en el art. 112.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formular alegaciones y aportar documentos y justificantes en el plazo de los 15 días siguientes a la puesta de manifiesto, en su caso, del expediente administrativo.

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ARTÍCULO 24. CONFIDENCIALIDAD

1. Las administraciones públicas actuantes adoptarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes, que deben limitarse a los necesarios para acceder a la Renta Básica de Inserción. En cualquier caso, se velará por la estricta observancia de la legislación vigente, de ámbito estatal y autonómico, referida a la protección de datos de carácter personal y al uso de la informática en el tratamiento de los datos personales.

2. Tanto las personas como los organismos que intervengan en cualquier actuación referente a la Renta Básica de Inserción quedarán obligados a mantener secreto sobre los datos personales y la identidad de los destinatarios de la misma.

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ARTÍCULO 25. PERSONAS RESPONSABLES

1. A los efectos previstos en la presente ley, serán responsables los titulares de la prestación que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en los artículos siguientes.

2. Se considerará que existe exención de responsabilidad cuando las acciones u omisiones contempladas en el apartado anterior, se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar o cuando concurra fuerza mayor.

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ARTÍCULO 26. INFRACCIONES LEVES

Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:

1. La falta de comunicación a la Administración, en el plazo de un mes, del cambio de domicilio, de la variación de los requisitos exigidos para percibir la prestación, de la composición de la unidad de convivencia, o de la modificación de los ingresos de ésta.
2. La negativa injustificada a cumplir el proyecto individual de inserción o las medidas contenidas en éste.
3. El incumplimiento por parte del titular de la prestación de sus obligaciones legales hacia los demás miembros de su unidad de convivencia, cuando de ello no se deriven hechos o situaciones graves.
4. La falta de justificación de los complementos a la prestación a los que se refiere el art. 10.6 de esta ley.

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ARTÍCULO 27. INFRACCIONES GRAVES

Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:

1. La obtención o mantenimiento de la prestación ocultando datos que la hubieran limitado en su cuantía.
2. La utilización de la prestación para fines distintos a los establecidos en el art. 142 y concordantes del Código Civil.
3. La negativa reiterada a cumplir el proyecto individual de inserción o el incumplimiento reiterado e injustificado de las medidas contenidas en éste.

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ARTÍCULO 28. INFRACCIONES MUY GRAVES

Tendrá la consideración de infracción muy grave la actuación fraudulenta del titular en la obtención de la prestación y en el mantenimiento de la misma.

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ARTÍCULO 29. SANCIONES

1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento escrito a la persona que las hubiere cometido.

La comisión de dos infracciones leves en un plazo máximo de seis meses conllevará la suspensión de la prestación económica reconocida.

2. Las infracciones graves se sancionarán con la extinción de la prestación económica, que no podrá ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un período de entre tres y seis meses, a contar desde la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el art. 11.3 de esta ley.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con la extinción de la prestación económica, que no podrá ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un período de entre seis y doce meses, a contar desde la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el art. 11.3 de esta ley.

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ARTÍCULO 30. GRADACIÓN DE LAS SANCIONES

1. Las sanciones por las infracciones contempladas en el presente capítulo se graduarán considerando, en cada caso, las siguientes circunstancias:

1. La culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora.
2. La capacidad de discernimiento del infractor.
3. La reincidencia en la comisión de dos o más infracciones tipificadas en esta ley en el periodo de un año, que hayan sido sancionadas por resolución firme.
4. Cuantía económica de la prestación económica indebidamente percibida.
5. Las circunstancias personales, económicas y sociales de la unidad de convivencia.

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ARTÍCULO 31. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones prescribirán:

1. Las leves en el plazo de seis meses a contar desde el día en que aquéllas se hubieren cometido.
2. Las infracciones graves en el plazo de un año.
3. Las infracciones muy graves en el plazo de dos años.

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ARTÍCULO 32. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES

Las sanciones prescribirán:

1. Las impuestas por infracciones leves, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.
2. Las impuestas por faltas graves, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.
3. Las impuestas por faltas muy graves, en el plazo de un año a contar desde el día siguiente a aquel en el que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

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ARTÍCULO 33. ÓRGANOS COMPETENTES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Serán órganos administrativos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores los órganos del Instituto Murciano de Acción Social, que se determinen reglamentariamente. En cualquier caso, no podrán atribuirse al mismo órgano las fases de instrucción y resolución del procedimiento.

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ARTÍCULO 35. DEFINICIÓN

1. El proyecto individual de inserción es un conjunto de acciones destinadas a evitar la situación de exclusión social, favoreciendo la integración laboral y social de la persona.

2. En el proyecto individual se establecerán las medidas y apoyos personalizados para la integración social y laboral a los que se refiere el art. 1.1 de esta ley y será aprobado por el Instituto Murciano de Acción Social.

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ARTÍCULO 36. ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

1. Los proyectos individuales de inserción serán elaborados por los centros de Servicios Sociales, con criterios técnicos y profesionales, para aquellas personas que por hallarse en situación de dificultad social o de riesgo de exclusión, soliciten apoyos personalizados que promuevan su integración social o así se proponga por los centros de Servicios Sociales o por los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, competentes en materia de política social.

2. En la elaboración de los proyectos individuales deberá contarse con la participación y consentimiento de los beneficiarios.

3. En todo caso, se elaborará un proyecto individual de inserción para las personas titulares de la prestación de Renta Básica de Inserción, dirigido a prevenir procesos de exclusión o a promover la incorporación socio-laboral de aquéllas, en los términos de esta ley y sus normas de desarrollo. Podrán establecerse también proyectos individuales de inserción para cualquier otro miembro de la unidad de convivencia que sea mayor de edad. En general, el proyecto individual de inserción podrá contemplar actuaciones para el conjunto de la unidad de convivencia.

4. En las normas de desarrollo de esta ley se contemplarán los supuestos excepcionales en los que por referirse a grupos que precisan una especial intervención, los proyectos individuales de inserción puedan ser elaborados por entidades administrativas o sociales distintas de los centros de Servicios Sociales.

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ARTÍCULO 37. CONTENIDO

1. El proyecto individual de inserción podrá contemplar actuaciones y medidas de índole social, laboral, sanitaria, formativa, educativa, promoción personal y vivienda, adaptándose, en todo caso, a las circunstancias y capacidades de las personas a las que se dirigen y a los recursos disponibles.

2. Sólo podrán establecerse medidas que supongan actividad laboral cuando se hayan formalizado en un contrato de trabajo.

3. Los proyectos individuales de inserción deberán contener, al menos, lo siguiente:

1. El diagnóstico de la situación social.
2. Las medidas para conseguir la incorporación social o laboral.
3. Las acciones a corto, medio o largo plazo a realizar por la persona destinataria del proyecto.
4. El pronóstico sobre la posibilidad de superación de la situación de exclusión.

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ARTÍCULO 38. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS

1. La duración de los proyectos individuales de inserción se determinará por los centros de Servicios Sociales, oída la persona para quien se elabora el proyecto.

2. Los titulares de la Renta Básica de Inserción, iniciarán el proyecto individual dentro del mes siguiente a la concesión de la prestación económica. Dicho proyecto se evaluará y, en su caso, renovará por períodos semestrales sucesivos, proponiéndose las medidas y actuaciones que se deriven de dicha evaluación.

3. La propuesta de prórroga de la percepción de la Renta Básica de Inserción durante un período superior al establecido en el art. 11.1 de esta ley, supondrá necesariamente la elaboración de un nuevo proyecto en el que se haga constar de forma expresa las razones que justifican la percepción a largo plazo de la prestación económica, un pronóstico acerca de las posibilidades de superación de la situación y una propuesta de acciones a medio y largo plazo adecuadas a dichas posibilidades.

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ARTÍCULO 39. COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. La consejería competente en materia de servicios sociales, a través del Instituto Murciano de Acción Social, colaborará con los centros de Servicios Sociales para favorecer la consecución de los objetivos de los Proyectos Individuales de Inserción. Reglamentariamente se determinará esta colaboración.

2. Los órganos administrativos de las administraciones públicas que deban participar en la aplicación de las medidas de inserción, deberán contribuir a la eficacia de las mismas mediante la cooperación y coordinación de los servicios implicados.

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ARTÍCULO 40. REGISTRO DE LOS PROYECTOS

1. Cada Centro de Servicios Sociales deberá mantener un registro de los proyectos individuales de inserción, según un modelo normalizado.

2. Cuando el destinatario del proyecto se encuentre en alguna de las categorías contempladas en el art. 36.3 de esta ley, el Centro de Servicios Sociales deberá informar semestralmente al Instituto Murciano de Acción Social del desarrollo de dichos proyectos.

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ARTÍCULO 41. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. Los programas de integración social son actividades dirigidas a la promoción personal y social de quienes se encuentren en situación de dificultad social o riesgo de exclusión. Podrán ser promovidos por corporaciones locales, empresas de iniciativa social o entidades sin ánimo de lucro siendo aprobados por el Instituto Murciano de Acción Social.

2. Los programas podrán incluir actividades de acompañamiento social, promoción personal, equilibrio en la convivencia comunitaria y cualesquiera otras acciones encaminadas a lograr la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y características básicas que deberán reunir los programas, los mecanismos de cooperación con los servicios sociales, organismos y entidades de carácter social, la proporción mínima de perceptores de Renta Básica de Inserción o de Ayudas Periódicas de Inserción y protección social, gestionadas por el Instituto Murciano de Acción Social que deberán incluir, y las formas concretas de apoyo público para el desarrollo de los mismos.

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ARTÍCULO 42. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL

1. Los programas de integración laboral que serán aprobados por el Instituto Murciano de Acción Social y en su caso por el SEF son actividades organizadas y dirigidas a facilitar la incorporación al mercado laboral de personas o grupos que, por sus características, no puedan acceder al mismo en condiciones de igualdad.

2. Los programas podrán incluir acciones de formación ocupacional, acceso a empleo con apoyo, programas de fomento y difusión de empleo autónomo, ayudas para la contratación de personas excluidas y la promoción de aquellas medidas destinadas al acceso al empleo de las personas en situación de dificultad social. Estos Programas podrán ser propuestos por las Administraciones regional y local, empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y características básicas que deberán reunir los programas y los mecanismos de cooperación y coordinación con los servicios de empleo y formación, así como la proporción mínima de perceptores de Renta Básica de Inserción o de Ayudas Periódicas de Inserción y protección social, gestionadas por el Instituto Murciano de Acción Social que deberán incluir, y las formas concretas de apoyo público para el desarrollo de los mismos.

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ARTÍCULO 43. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Los proyectos individuales de inserción podrán contemplar la procedencia de otras ayudas de carácter económico de las gestionadas por el Instituto Murciano de Acción Social, para atender situaciones y necesidades cuya satisfacción resulte imprescindible para alcanzar la inserción social de las personas o para evitar el riesgo de actualización de procesos de exclusión.

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ARTÍCULO 44. PLANES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia elaborará periódicamente planes regionales para la Inclusión Social, en los que se recogerán las medidas dirigidas a prevenir la exclusión y favorecer la inserción social de quienes padecen situaciones o riesgo de exclusión.

2. De igual manera, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia prestará su colaboración a los ayuntamientos que deseen elaborar, solos o de forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de servicios sociales, planes locales para la Inclusión Social, en los que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales.

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ARTÍCULO 45. ATENCIÓN PREFERENTE

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluirá a los beneficiarios de la ley de Renta Básica de Inserción entre las poblaciones de atención prioritaria de los planes de empleo y formación ocupacional, salud, servicios sociales, compensación educativa, educación de personas adultas y vivienda, en la forma que reglamentariamente se determine.

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ARTÍCULO 46. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Corresponde a la Administración regional el ejercicio de las siguientes competencias:

1. Elaboración de las normas de desarrollo de la presente ley.
2. La concesión, denegación, modificación, suspensión, extinción, pago y financiación de la prestación de Renta Básica de Inserción.
3. El control y evaluación general de las medidas contempladas en la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II del presente título.
4. La aprobación de los planes regionales para la Inclusión social previstos en el art. 44 de esta ley.
5. El impulso y fomento de los servicios sociales y de empleo, en colaboración con las corporaciones locales, a fin de conseguir la integración social y laboral de las personas en riesgo de exclusión.
6. Corresponsabilizar a la sociedad en la prevención y solución de las situaciones de exclusión social.

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ARTÍCULO 47. COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por sí mismos o asociados en Mancomunidad de Municipios de acuerdo con la zonificación de servicios sociales, el ejercicio de las siguientes competencias:

1. La tramitación administrativa de la prestación económica de Renta Básica de Inserción, en sus fases de iniciación e instrucción del procedimiento.
2. La prestación de los servicios de apoyo personalizados previstos en el art. 1 de la presente ley, en colaboración con las consejerías competentes de la Administración regional, y sin perjuicio de su dispensación complementaria por unidades de ámbito autonómico.
3. El seguimiento de la participación de las personas incluidas en los proyectos individuales de inserción, y comunicación al Instituto Murciano de Acción Social de sus posibles incidencias.
4. La cooperación con la Administración regional en la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

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ARTÍCULO 48. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En la consejería competente en materia de servicios sociales se constituirá una Comisión de Seguimiento de las medidas establecidas en la presente ley. Dicha Comisión actuará como órgano de participación de los interlocutores sociales, y de consulta y asesoramiento para el desarrollo de las mencionadas medidas.

Formarán parte de dicha Comisión representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, según se desarrolle reglamentariamente.

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ARTÍCULO 49. COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Con el fin de coordinar la acción de las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la aplicación de la ley, se creará una Comisión de Coordinación presidida por el titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, y de la que formarán parte las consejerías que tengan atribuciones en materia de empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales y una representación de los ayuntamientos de la Comunidad elegidos por la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

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ARTÍCULO 50. FINANCIACIÓN

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá anualmente los recursos económicos desglosados por las consejerías competentes, destinados a la financiación de las medidas de inserción contempladas en la presente ley.

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